Obligación de implementar un sistema de compliance penal para personas jurídicas
En España, las personas jurídicas están obligadas a implementar un sistema de compliance penal de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal. Este artículo establece que las personas jurídicas pueden ser consideradas penalmente responsables de ciertos delitos cometidos en su nombre o en su beneficio directo o indirecto. La implementación de un sistema de compliance penal tiene como objetivo prevenir la comisión de delitos dentro de la organización, estableciendo medidas y procedimientos adecuados para detectar, prevenir y mitigar los riesgos legales. Algunas de las obligaciones principales que deben cumplir las personas jurídicas son:
- Adopción de un modelo de organización y gestión: Las personas jurídicas deben establecer un modelo de organización y gestión que incluya medidas de prevención y control del delito.
- Designación de un responsable de cumplimiento: Es necesario designar a una persona encargada de supervisar y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el modelo de organización y gestión.
- Establecimiento de protocolos y políticas internas: Las personas jurídicas deben desarrollar protocolos y políticas internas que aborden áreas de riesgo específicas y promuevan una cultura de cumplimiento.
- Formación y concienciación: Es fundamental proporcionar formación y concienciación a los empleados y directivos sobre las políticas y procedimientos de compliance, así como sobre los riesgos asociados a la comisión de delitos.
Penas para las personas jurídicas en relación al compliance
El Código Penal español establece una serie de penas que pueden imponerse a las personas jurídicas en caso de incumplimiento de sus obligaciones de compliance. Algunas de las penas más relevantes son:
- Multas económicas: Las personas jurídicas pueden ser sancionadas con multas económicas que varían en función de la gravedad del delito y las circunstancias específicas del caso.
- Disolución de la persona jurídica: En casos graves, las autoridades pueden imponer la disolución de la persona jurídica como consecuencia de la comisión de delitos.
- Suspensión de actividades: Se puede ordenar la suspensión total o parcial de las actividades de la persona jurídica durante un período de tiempo determinado.
- Responsabilidad civil: Además de las sanciones penales, las personas jurídicas pueden ser responsables civilmente y estar obligadas a indemnizar a las víctimas de los delitos cometidos.
Es importante tener en cuenta que la pena impuesta a una persona jurídica puede variar dependiendo de la gravedad del delito, la colaboración con las autoridades y la implementación de medidas de prevención y control.
Recuerda que el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos son fundamentales para garantizar la integridad y reputación de la empresa. Si necesitas asesoramiento personalizado sobre compliance penal y las obligaciones de las personas jurídicas, no dudes en contactar con nuestro equipo de expertos.
¡Hasta el próximo mes!
El Equipo de AKELA
